10 Junio 2011, 12:35 PM
Buen Juicio
Con buen juicio, el presidente Leonel Fernández ha  enviado al Senado una propuesta de modificación de la Ley Orgánica  del Ministerio Público en lo referido a la creación de un cuerpo de investigación judicial que suplantaría los roles de prevención y persecución de crímenes y delitos que la Constitución de la República asigna a la Policía Nacional.
Aunque la propuesta  presidencial procura conjurar lo que  el mandatario define como confusión entre la Procuraduría General y la Policía, las modificaciones sugeridas a esa ley procuran  evitar su evidente colisión con el Texto Sustantivo que se viola en ese estatuto al  despojar al cuerpo del orden de sus atribuciones básicas.
 Constituye una aberración jurídica  la disposición contenida en la observada ley 133-11 que crea un Cuerpo Técnico, que realizaría investigaciones  policiales, sin que sus miembros puedan participar en actividades policiales diferentes a las que les asigne el Ministerio Público.
En los artículos 255 y siguientes de la Constitución se  señala la competencia de la Policía para  perseguir e investigar las infracciones penales,  rol que no puede ser  sustraído por una ley adjetiva que crea otra Policía bajo la definición de “cuerpo armado, técnico y profesional”, cuyos miembros serían actuales agentes policiales.
La Carta Magna establece con prístina claridad que  el Ministerio Público es el director legal de la investigación penal, pero  carece de facultad para  imponer criterios  sobre aspectos disciplinarios y administrativos de la Policía que están regidos por la Ley de Organización Policial.
Carece de razón procesal y de derecho jurídico el criterio del procurador general, Radhamés Jiménez Peña, de que  la modificación presidencial que  quita al Ministerio Público el control de ese sugerido cuerpo técnico constituiría un retroceso frente al avance de la justicia que demanda la población.
La verdad es que la pretensión de crear una Policía  paralela bajo  el control administrativo del Ministerio Público, pero con recurso y personal de la actual estructura policial, es un esperpento  burocrático, carente de base legal que disgregaría aún más los esfuerzos por combatir la criminalidad.
Al aplaudir  la observación presidencial a tal desaguisado, los votos son para que  el Congreso  haga prevalecer la majestad constitucional e impida que en nombre de  un supuesto avance de la justicia se cercene a la Policía Nacional para crear un innominado mecanismo de presión y represión.