10 Junio 2011, 12:35 PM Buen Juicio Con buen juicio, el presidente Leonel Fernández ha enviado al Senado una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público en lo referido a la creación de un cuerpo de investigación judicial que suplantaría los roles de prevención y persecución de crímenes y delitos que la Constitución de la República asigna a la Policía Nacional. Aunque la propuesta presidencial procura conjurar lo que el mandatario define como confusión entre la Procuraduría General y la Policía, las modificaciones sugeridas a esa ley procuran evitar su evidente colisión con el Texto Sustantivo que se viola en ese estatuto al despojar al cuerpo del orden de sus atribuciones básicas. Constituye una aberración jurídica la disposición contenida en la observada ley 133-11 que crea un Cuerpo Técnico, que realizaría investigaciones policiales, sin que sus miembros puedan participar en actividades policiales diferentes a las que les asigne el Ministerio Público. En los artículos 255 y siguientes de la Constitución se señala la competencia de la Policía para perseguir e investigar las infracciones penales, rol que no puede ser sustraído por una ley adjetiva que crea otra Policía bajo la definición de “cuerpo armado, técnico y profesional”, cuyos miembros serían actuales agentes policiales. La Carta Magna establece con prístina claridad que el Ministerio Público es el director legal de la investigación penal, pero carece de facultad para imponer criterios sobre aspectos disciplinarios y administrativos de la Policía que están regidos por la Ley de Organización Policial. Carece de razón procesal y de derecho jurídico el criterio del procurador general, Radhamés Jiménez Peña, de que la modificación presidencial que quita al Ministerio Público el control de ese sugerido cuerpo técnico constituiría un retroceso frente al avance de la justicia que demanda la población. La verdad es que la pretensión de crear una Policía paralela bajo el control administrativo del Ministerio Público, pero con recurso y personal de la actual estructura policial, es un esperpento burocrático, carente de base legal que disgregaría aún más los esfuerzos por combatir la criminalidad. Al aplaudir la observación presidencial a tal desaguisado, los votos son para que el Congreso haga prevalecer la majestad constitucional e impida que en nombre de un supuesto avance de la justicia se cercene a la Policía Nacional para crear un innominado mecanismo de presión y represión. |
viernes, 10 de junio de 2011
Buen Juicio
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